A raíz de estos convulsos días que estamos viviendo sobre la DUI, han surgido muchas dudas sobre los Estatutos de Autonomía y un gran número de personas se han preguntado si podría ocurrir en el País Vasco lo mismo que está pasando en Cataluña. Lo cierto es que el modelo de ambas CC. AA. no tiene nada que ver el uno con el otro. Tampoco históricamente. Aun cuando los territorios vascos fueron incorporados a la Corona de Castilla, conservaron sus instituciones. Ya en 1876, cuando con el estado liberal se eliminaron sus fueros por el carácter centralista del nuevo sistema, por lo menos fueron sustituidos por un concierto (instrumento jurídico que regula las relaciones tributarias y financieras entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma en cuestión). Por otra parte, los fueros de Cataluña desaparecieron en 1716 con el Decreto de Nueva Planta promulgado por Felipe V, y ya nunca volvieron.

 

La cuestión es que hoy, 5 de noviembre pero de 1933, estaba previsto que se aprobara el Estatuto vasco. Digo “estaba previsto” porque hubo múltiples obstáculos en el camino. Previamente se había presentado en 1931 el Estatuto Vasco-Navarro, pero se dejó apartado porque no encajaba en Constitución que se estaba debatiendo en esos momento, que propugnaba un modelo federalista.

Un año más tarde, una Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona aprobó el proyecto, pero los carlistas, que tenían un gran peso en la zona, lo rechazaron, por lo que Navarra se apartó del proceso. Al realizarse el referéndum ya el 5 de noviembre de 1933, los votos a favor en Álava no alcanzaron la mayoría del censo (50%), de nuevo por obra de los carlistas. Fue esta la razón por la que, unos meses más tarde, un diputado tradicionalista propuso apartar a Álava del proceso del Estatuto.

Tras la formación del gobierno del Frente Popular en 1936, se reanudó el debate parlamentario sobre este proyecto, que había quedado paralizado durante los dos años del gobierno de las derechas. Se propuso un proyecto que fue aceptado por el PNV, partido mayoritario en los territorios vascos (a excepción de Navarra y Álava). En julio de 1936 estaba previsto que pasara al pleno de la Cámara, pero el 18 se produjo la sublevación militar que daría lugar a la guerra civil. El PNV, a pesar de ser un partido católico y que no coincidía ideológicamente con el Frente Popular, permaneció fiel a la República y entró a formar parte del gobierno, a cambio de la inmediata promulgación del Estatuto. De esta manera, el País Vasco queda dividido.

Un mes después del golpe de estado militar, Mola ordena la disolución de todos los organismos vascos. La guerra avanza y, en verano de 1937, las tropas del Generalísimo están a las puertas de Bilbao. Franco abole los fueros de Vizcaya y Guipúzcoa por no haberse sumado al alzamiento, mientras que Álava y Navarra sí conservan sus privilegios. Esta situación perdurará durante todo el franquismo.

Después de la muerte del dictador Francisco Franco y con el comienzo de la Transición, se realizaron nuevos Estatutos. El Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 fue aprobado en referéndum con una participación del 58,85% del censo y un 90,27% de votos afirmativos. Lo que diferencia este Estatuto del de otras “comunidades históricas” es que la autonomía vasca se fundamenta en la foralidad. A partir de este supuesto, el País Vasco obtiene un procedimiento de financiación especial (solo equivalente al de Navarra) basado en una actualización de los conciertos económicos, los cuales hemos mencionado cuando hemos hablado de las sustituciones que hizo el Estado liberal en 1876.

 

El Estatuto de Cataluña, dado que ahora es el tema en boca de todos, fue aprobado en referéndum también en 1979, con una participación del 59’7% y un 88’15% de votos afirmativos. Fue el que estuvo vigente hasta 2006, cuando se aprobó el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, cuya principal novedad es que contenía las bases para un nuevo modelo de financiación autonómica.

Este Estatuto fue recurrido por considerarlo inconstitucional en siete ocasiones: por parte del Partido Popular, del Defensor del Pueblo y de cinco comunidades autónomas distintas. El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional, ante estos recursos, resolvió por seis votos a favor y cuatro en contra la constitucionalidad de la mayor parte del texto, aunque sí que señaló la “ineficacia jurídica” del Preámbulo, donde se refería a Cataluña como nación, pero mantuvo el término. Puede que esto añadiera más tensión a las ya existentes.

 

En conclusión, no se pueden comparar ambas comunidades aunque las dos hayan sido fuente de discusión por motivos parecidos. La mayoría de los expertos no barajan la posibilidad de que el País Vasco pase por una situación similar a la que está ocurriendo en Cataluña. Y menos mal, ya no tendríamos horas en el día para emitirlo.

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