Los examinadores de tráfico de la DGT llevan en huelga lunes, martes y miércoles desde el 19 de junio y anuncian que seguirán así durante todo julio para reivindicar mejoras en los derechos laborables. El parón va a afectar entorno a los 140.000 exámenes, detrás de ellos, autoescuelas y alumnos indignados con la situación. En agosto mantendrán un mes de reflexión y en septiembre volverán a huelga, esta vez total, si no consiguen que se cumplan sus peticiones.

 

Pero lo más importante es saber quienes son y qué quieren

Los examinadores de tráfico son funcionarios que acceden a este puesto siendo ya funcionarios, es decir, al puesto sólo se puede acceder teniendo ya una oposición aprobada, lo que le resta atractivo al puesto de trabajo . El sueldo insuficiente, debido a la peligrosidad y trabajo a la intemperie, unido al incumplimiento de las clausulas que se aprobaron con la DGT en 2015, ha llevado a la huelga a aproximadamente al 80% de los examinadores. En nuestro país hay 580 examinadores en activo, que se han mostrado insuficientes para cumplir con la demanda.

 

La búsqueda de soluciones

Desde los sindicatos de examinadores solicitan un presupuesto de 3 millones de euros para contratar a más examinadores y cumplir con lo pactado en 2015. Piden además un plus de peligrosidad, porque afirman ser blanco de amenazas, insultos y agresiones. Además plantean que se hagan oposiciones abiertas al puesto para que los examinadores no tengan que salir de entre los propios funcionarios. Recalcan que calculan que la DGT dejará de recaudar alrededor de 25 millones de euros en tasas debido a la huelga.

Algunos sectores abogan por privatizar el sector para aumentar la competitividad. Teniendo en cuenta que ya de por sí es caro sacar el carnet, alrededor de 120 euros en tasas, entre 500 y 600 euros a la autoescuela y el psicotécnico entre 20 y 50 euros, pudiendo llegar a sumar 800 euros, una cifra muy alta si además no se garantiza la posibilidad de examinarse. Siendo tan caro debería garantizarse su correcto funcionamiento y más en los meses de verano en los que la mayoría estudiantes aprovechan para sacar el carnet antes de comenzar el siguiente curso lectivo.

 

Este caso deja a relucir los problemas que tiene la burocracia de nuestro país, que con el mínimo desajuste se ve desbordada. Como ocurrió el verano pasado con los colapsos en las oficinas de renovación del DNI, este verano le toca también a los carnets de conducir. De nada valen tantos planes presupuestarios complejos, en los que se invierten millones de euros, si no están garantizados los servicios más básicos que afectan directamente a los ciudadanos.

 

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