Madrid, 24 de enero de 1977, 22:30 horas. Tres hombres vinculados al partido ultraderechista Fuerza Nueva irrumpen en un bufete de abogados laboralistas de la Calle Atocha. En su interior acababa de tener una reunión entre algunos sindicalistas y letrados del despacho —todos afiliados al PCE y a Comisiones Obreras— sobre la huelga de transportes privados que tenía lugar desde el martes anterior, 18 de enero.

Esa noche siete abogados laboralistas, un estudiante de derecho y un empleado del bufete vivieron uno de los atentados más graves del terrorismo tardofranquista. Tres de ellos murieron esa noche, y otros dos lo harían pocas horas después en el Hospital 12 de Octubre. Sobrevivieron, con graves heridas, cuatro personas. De esta matanza se libró la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que fue a otro piso que tenía el despacho de abogados ante el lleno en la reunión del nº 55.La organización Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista, AAA) reivindicó el atentado dos días después.

Según la sentencia judicial, de febrero de 1980, la matanza de Atocha fue ordenada por el secretario provincial del Sindicato Vertical de Transportes, Francisco Albadalejo.

El atentado quiso ser un “escarmiento” a los inspiradores y coordinadores de la huelga de transportes, que perjudicaba al Sindicato, pero el disciplinado Partido Comunista respondió con valentía al atentado. Se resistió a hacer cualquier tipo de venganza o contraataque: para el entierro de los abogados de Atocha se hizo una silenciosa manifestación que salió del Colegio de Abogados de Madrid. Aceleró la Transición de tal modo que tres meses más tarde, el 9 de abril, fue legalizado.

Las condenas fueron de 73 años para Albadalejo y 193 para cada uno de los pistoleros (Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá). El tercer hombre que participó directamente del atentado, Fernando Lerdo de Tejada, huyó a Latinoamérica en un permiso antes de que comenzara el juicio, del que se libró definitivamente cuando prescribió el delito en 1997. García Juliá, tras 14 años en prisión, consiguió la libertad condicional con la que tuvo tiempo suficiente de fugarse a Bolivia antes de que la Audiencia Nacional la revocara semanas después. Se cree que fue condenado por narcotráfico en Bolivia, pero aún le quedan por cumplir cerca de 2.000 días de cárcel en España.

Transición en tiempos revueltos

La tensión social en el enero del 77 era algo indudable. Una oleada huelguística fue del metro a la construcción, pasando por Correos, Telefónica, Renfe, …

El 11 de diciembre del 76 los GRAPO habían secuestrado al Presidente del Consejo de Estado, Antonio Mª de Oriol, y el mismo 24 de enero lo fue un teniente general del ejército y presidente del Consejo Superior de Justicia Militar, Emilio Villaescusa.

Además, la semana del 23 al 30 de enero fue pronto tildada de “negra” por los periódicos de aquella España que tanteaba el camino hacia un régimen constitucional. No habían pasado más que 40 días desde las primeras elecciones libres desde 1936 y ultras de, como vemos, ambos bandos remaban en contra de la esperada democracia liberal.

El día 23, al mediodía, la oposición convocó una manifestación por el centro de la capital —prohibida por el Gobierno Civil madrileño— pidiendo la amnistía de los presos del franquismo. En una pelea en la zona de la Gran Vía un estudiante de 19 años, Arturo Ruiz, sería asesinado por un miembro del grupo “Guerrilleros de Cristo Rey” por un disparo mortal en la espalda.

La reacción social llegó al día siguiente. En todo el país habría paros parciales y manifestaciones, y otra estudiante, María Jesús Nájera, de 20 años, fue herida mortalmente por la policía en el centro de la capital. Dos días después, otro atentado de los GRAPO acabaría con la vida de tres guardias civiles.

  Turbulento comienzo del mayor periodo democrático en nuestro país. 

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